El nuevo sistema de formación está al caer

El nuevo sistema de formación está al caer

En una semana se publicará el nuevo sistema de formación profesional para el empleo, aunque se tiene que pagar una peaje a los agentes sociales. El conflicto llega del lado empresarial, que rechaza frontalmente que el futuro sistema saque a las patronales (y a los sindicatos) de la ejecución de la formación de oferta. Pero en las últimas reuniones los negociadores parecen haber encontrado la solución: mantener a la patronal y a los sindicatos en el diseño de los programas nacionales de formación de oferta y retribuirles por ello.

Parece que todo está cerrado, pero falta cuantificar las retribuciones que se llevan los sindicatos y patronal. El Ejecutivo ofrece 30 millones de euros para los empresarios y otros 30 pasa los sindicatos. Si la patronal aceptara esta oferta (porque se espera que los sindicatos la acepten) Empleo podría llevar el Real Decreto al Consejo de Ministros del próximo viernes.

De este modo la patronal y sindicales seguirán formando parte de la Fundación Tripartita para la formación aunque ya no con el mismo peso que la Administración, tal y como estaba previsto desde un principio. Igualmente el Gobierno mantendrá que la patronal y los sindicatos dejen de repartirse una parte del dinero destinado a la formación de oferta para ejecutar los cursos. Así, su impartición quedará abierta a la libre concurrencia en un 100% de las subvenciones. Así, cualquier centro acreditado de formación podrá optar a la adjudicación de dichos cursos en igualdad de condiciones que los centros de las organizaciones sindicales y empresariales.

Otras novedades del nuevo modelo serán la creación de un cheque formativo para parados, que podrán elegir dónde se gastan el dinero para formarse. La Seguridad Social tendrá una cuenta individual de cada afiliado donde se recoja la formación recibida. Y se creará una unidad especial de vigilancia que controlará el uso de estos fondos y que dependerá del Ministerio de Empleo (hasta ahora ese control lo ejercía el Servicio Público de Empleo y las autonomías)

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