Una Licitación es la forma de contratar de un organismo público o privado, con empresas privadas o personas físicas (autónomos). Consiste en adjudicar una obra o un servicio bajo unas condiciones pactadas mediante un proceso de selección de las empresas interesadas, teniendo en cuenta principalmente criterios de la calidad–precio. A la parte contratante se le denomina “órgano de contratación”, mientras que a la parte que participan en el proceso de selección para intentar conseguir ser contratada se conoce normalmente como “licitadores” u “operadores económicos”. Ejemplo: una licitación en la que el órgano de contratación es la Consejería de Educación y el operador económico una empresa privada de formación.
El órgano de contratación (parte contratante) puede ser una Administración Pública (un ministerio, una comunidad autónoma, un ayuntamiento, etc.), una entidad con personalidad jurídica propia creada para satisfacer necesidades de interés general (una fundación, una mutua, un partido político), o incluso otros entes como sociedades mixtas, etc. Por otro lado la parte contratada (operador económico) puede ser una empresa (persona jurídica) o bien un autónomo (persona física) cuya actividad se corresponda con la obra o servicio objeto del contrato.
Para poder contratar con el Sector Público, las empresas necesitan cumplir una serie de requisitos de solvencia técnica y profesional y otras exigencias como por ejemplo no estar en una situación de prohibición para contratar, disponer de los permisos profesionales y acreditaciones técnicas necesarias para la obra o servicio a desarrollar y estar al día en los pagos con Hacienda y Seguridad Social, entre otros que se verán más adelante. Se entiende por solvencia técnica y profesional la capacidad que tiene una empresa para poder afrontar la obra o el servicio, es decir, la demostración de que dispone de los medios tanto humanos como materiales necesario. Por otro lado la solvencia económico financiera consiste en poseer el patrimonio suficiente para llevarlo a cabo.
En España las licitaciones tienen una gran importancia tanto en volumen económico, como en la gran diversidad de contratos que es posible estipular. Contratos que benefician tanto a grandes empresas, como a autónomos y PYMES. Las inversiones que hacen el Sector Público en nuestro país son esenciales para el desarrollo económico y social, generando grandes cuotas de desarrollo, bienestar y empleo. Se generan grandes flujos económicos entre la Administración y las empresas a las que se le adjudica la obra o servicio.
Según un informe de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la contratación pública en el mercado español supone aproximadamente un 18,5% del PIB nacional, es decir, unos 206.927 millones de euros anuales.
La contratación pública se encuadra en la “Estrategia Europa 2020” de la Unión Europea, según la cual «la contratación pública desempeña un papel esencial como instrumento que asegure un crecimiento inteligente, sostenible e integrador del mercado interior de los países miembros, garantizando, al mismo tiempo, un uso racional de los fondos públicos, y fomentando la participación de las pymes en los procesos de licitación”. Debido a reciente crisis económica, la UE estableció una estrategia (Estrategia Global Europea) para mejorar la economía de la Unión. En dicha estrategia se establece la contratación pública como uno de los instrumentos necesarios para conseguir el crecimiento económico de una forma sostenible, integrador y racional.
En 2014 se publicaron en el Diario Oficial de la UE tres nuevas directivas del Parlamento y el Consejo Europeo. Entre sus objetivos está fomentar políticas sociales, medioambientales, de innovación, de promoción de las pymes, de defensa de la competencia y aportar mayor seguridad jurídica a las empresas adjudicatarias. En España, actualmente la contratación pública se rige por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP). En ella se aplican las Directivas europeas anteriores.
La Ley 9/2017 entró en vigor el 9 de marzo del 2018 reformando de forma significativa el sistema de licitaciones. Sus principales aportaciones son:
- Mejorar la transparencia de la contratación pública
- Simplificar tramites reduciendo la burocracia a los licitadores
- Mejorar las condiciones de acceso de los licitadores
- Mejorar los servicios a los usuarios
- Conseguir una mejora en la relación calidad-precio
- Convertirse en una herramienta al servicio de de objetivos sociales, ambientales y de innovación (fomento del empleo, protección medio ambiente, políticas sociales, incentivación de la participación de pymes, etc.)
Hasta ahora, la licitación pública tenía una serie de inconvenientes para las pymes, por ello las licitaciones las hacían principalmente grandes empresas u operadores especializados en ello cuyos únicos clientes eran las Administraciones Públicas. Con la nueva Ley se apuesta por la entrada en el mercado de la licitación de las pequeñas y medianas empresas, e incluso los autónomos. Además se mejora significativamente problemas como la burocracia (se han simplificado los trámites para las pymes), la larga espera en los pagos o la poca transparencia.
Ahora ya no siempre se adjudica el contrato a la oferta más ventajosa sino que se tienen en cuenta criterios como la morosidad en los pagos (lo que tarda la empresa contratada en pagar a sus proveedores), la calidad de la oferta o se establece un modelo de adjudicación exprés (más rápido) que reduce la burocracia. Esto supone una importante transformación para el tejido empresarial español, si las PYMES aprovechan la oportunidad y ofertan adecuadamente. Ante la gran oportunidad que supone la nueva Ley para PYMES y nuevas empresas, el reto ahora es informarse y prepararse adecuadamente para no perder opciones de negocio.
Es interesante detallar los plazos de pago y la seguridad jurídica de los Contratos Públicos:
Sin embargo las pequeñas empresas siguen desaprovechando la oportunidad de licitar, ya sea por desconocimiento o por desconfianza, de tal forma que desde que implantó la Ley casi 1.800 contratos han quedado desiertos, por un valor de más de 1.300 millones de euros. Por otra parte, este modelo de contratación, se va a utilizar por muchas Administraciones Públicas para licitar servicios de formación, bien para el reciclaje de los profesionales públicos, o para la Formación para el Empleo de trabajadores activos y desempleados. Esto supone una oportunidad para las empresas de formación, ya que les permite participar en los procesos de licitación. Con este manual se pretende precisamente explicar los procedimientos y estrategias para adentrar a los centros formativos privados en el mundo de la contratación pública.