El nuevo sistema de formación de 2015 busca impulsar la Formación Programada (Formación Bonificada) por las empresas para sus propios trabajadores, junto a la formación impartida por los Entidades de Formación registradas, como vía ágil y flexible de responder a las necesidades más inmediatas y cercanas de empresarios y trabajadores. Al mismo tiempo, el modelo introduce el instrumento del cheque-formación para trabajadores desempleados y se fomentará los cursos mediante teleformación, especialmente los certificados de profesionalidad.
Las próximas convocatorias de subvenciones profundizan en la libre concurrencia entre entidades de formación a la hora de acceder a las ayudas públicas del sistema en igualdad de condiciones, y desarrolla un sistema integrado de información que garantice la trazabilidad de las acciones formativas y la comparabilidad, la coherencia y la actualización permanente de la formación profesional para el empleo en el conjunto del sistema.
Este sistema permitirá desarrollar una cuenta formación, que acompañe al trabajador a lo largo de su carrera profesional como herramienta clave para su empleabilidad; y favorecerá, además, la capacidad de analizar la actividad formativa, de evaluar su calidad y su impacto real sobre la empleabilidad.
Se crea dentro de la Inspección de Trabajo una unidad especializada en el seguimiento y control de los cursos con capacidad efectiva de sanción; de un régimen sancionador que incluya, entre otras cuestiones, la imposibilidad para los beneficiarios de planes de formación que incumplan ilegalidad puedan trabajar para la Administración pública; así como de un buzón de denuncias de malas prácticas e irregularidades en el ámbito de la formación para el empleo.
En las subvenciones se limita al 50% el pago anticipado de la financiación. Para proceder a los restantes pagos parciales será necesaria la comunicación de los alumnos participantes en las acciones formativas, así como la certificación de ejecución por parte del beneficiario de la ayuda. Y en cuanto a la subcontratación, queda limitada al 50 por ciento, aplicable a la cuantía que corresponda a cada uno de los beneficiarios de las ayudas.