Las asociaciones de Autónomos presentan un estudio a Fundae para mejorar la Formación Bonificada.

Las asociaciones de Autónomos presentan un estudio a Fundae para mejorar la Formación Bonificada.

Las asociaciones ATA, UPTA y UATAE presentan un estudio a Fundae y Ministerio de Trabajo para reclamar cambios en el modelo de formación continua de los autónomos, incluida la formación bonificada o programada para las empresas. El Estudio es un trabajo pionero en España, diseñado con el objetivo de implementar un nuevo modelo de formación para este sector, analizando la detección de la importancia de la formación, tipología y sistema formativo más adecuado para el trabajador autónomo.

Según informan las asociaciones, el actual sistema de formación presenta múltiples carencias derivadas de la falta de participación de los autónomos, errores en la programación, diseño y difusión de las mismas, y una la supuesta ‘cogobernanza’ del sistema con las asociaciones de autónomos y el SEPE que no existe en las CCAA, y por ello hay 17 modelos diferentes de sistemas formativos completamente distanciados de las necesidades de los profesionales.

Hasta la fecha no más del 2% de los autónomos españoles han podido acceder a las acciones formativas desarrolladas por el SEPE (en los distintos sistemas de Oferta y Demanda). Es el dato más bajo de todos los países más desarrollados de Europa, existiendo una descoordinación entre las distintas administraciones a la hora de desarrollar acciones formativas que mejoren la formación, y una escasa participación a pesar de la gran necesidad en materias como digitalización.

Las Asociaciones de Autónomos proponen 50 medidas para un nuevo modelo formativo donde se tenga en cuenta a los autónomos y pymes. Entre las más interesantes y relacionada con la formación bonificada aparece la mejora de control del sistema debe evitar excesivas revisiones ex post, de carácter masivo y automatizado donde solo se consigue poner trabas y no incentivar el acceso a las empresas; así como hacer efectivo el derecho a la formación por el que se cotiza, la insuficiencia de los recursos recaudados por no debe obstaculizar el desarrollo de este derecho.

Por otro lado se indica la necesidad de imponer un crédito mínimo de formación similar al que se establece para las empresas bonificadas que garantizara una disposición en torno a 150 €/año; favorecer la coordinación de los agentes implicados: autónomos, administración y centros de formación, y simplificar la tramitación administrativa dándole mayor responsabilidad y competencia a los centros de formación.

También un mayor libertar para diseñar los cursos para ser compatibles con las necesidades de los autónomos, estimular la dotación del crédito más allá de lo cotizado mediante incentivos y posibilitar la reserva individual de los créditos de formación a 3 años máximo. Así como crear un registro nacional de entidades que prestan servicios de formación que garantizan su agilidad en el sector y una mejora del catálogo formativo, ya que actualmente es pobre en áreas de nuevas tecnologías, digitales y de robotización frente al excesivo número de cursos transversales y comunes (contabilidad, PRL, impuestos, entre otros).

Apoyar la utilidad y la calidad de la formación frente a la simple fiscalización del gasto, garantizar la ocupación y destino del gasto de la cuota de formación así como la reanualización de los fondos no dispuestos (los remanentes y reintegros). También la reformar del sistema de módulos económicos, evitando que el mínimo precio sea el criterio económico en lugar de la relación calidad/precio con revisión periódica de precios de mercado.

Por otro lado, disminuir los requisitos administrativos, simplificando trámites y sancionando el fraude pero no focalizándolo en las incidencia menores (plazos y periodos). Evitar que los centros de formación sufran excesivos requisitos de control y justificación del gasto, relegando el aprendizaje a un segundo plano. La justificación y el control de la misma consumen más recursos humanos que la propia impartición. Y un sector de la formación considerada como una actividad económica permitiendo el margen industrial y sujeta a las reglas del mercado en régimen de competencia.

Por último apoyar el acceso de centros de formación con ofertas locales innovadoras, que ofrezcan profesiones y ocupaciones de sectores económicos emergentes, dar mayor importancia a las competencias adquiridas más que al número de los alumnos formados, y con un papel de la Admon basado en el seguimiento de la calidad y el impacto de la formación más que el control de la justificación del gasto.

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